No mentían

Anagrama de Podemos

Pero ahora hacen lo contrario, los titulares de los medios informativos de prensa, radio y TV desde la convocatoria ya sabían que un acuerdo a tres entre PSOE – C´s – Podemos era imposible, decían su imposibilidad no por clarividencia, era el interés general de las grandes empresas y del Ibex35 para que no fructificara y para echar abajo cualquier acuerdo con Podemos, empresas que los coaccionan con anuncios o préstamos en su interés, antes y después de presentar los 20 puntos en la negociaciones, muchos coincidentes con los otros dos partidos de la supuesta mesa de negociación para la gobernabilidad de España.

  •  1- RENTA GARANTIZADA
  •  2 -EDUCACIÓN. ESCUELAS INFANTILES 
  •  3 -COPAGOS FARMACÉUTICOS
  •  4- PENSIONES
  •  5 – ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
  •  6 – VIVIENDA Y SUMINISTROS  
  •  7 – IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
  •  8 – TERMINAR CON LA AUSTERIDAD FISCAL 
  •  9 – NUEVA SENDA DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
  • 10 – REFORMA TRIBUTARIA PROGRESIVA  
  • 11 – REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO
  • 12 – PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA (PNTE)
  • 13 – REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HIPOTECARIA DE LOS HOGARES 
  • 14 – NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL
  • 15 – REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
  • 16 – SISTEMA ELECTORAL
  • 17 – FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS 
  • 18 – PUERTAS GIRATORIAS
  • 19 – DERECHO A DECIDIR
  • 20 – GOBIERNO DE COALICIÓN

Mienten, porque ya han empezado con la intoxicación mediática del no acuerdo PSOE, C´s y Podemos para formar gobierno, y siempre culpando a Podemos, sin decir la actitud, más por parte de C´s, pues de antemano recalcaba que el acuerdo de C´s y PSOE era inamovible, no sabemos claramente a qué acuerdo se refiere dado que presentaron diferentes cada uno, y ambos muy ambiguos al no entrar en profundidad, distinto al presentado por Podemos, con claras modificaciones a sus programa primigenio para llegar a un acuerdo de gobernabilidad, como se puede comprobar “en cursiva y negrita” en 18 de los 20 puntos planteados
El PSOE a la propuesta de Podemos el pasado jueves 7 de abril proponía modificar muchas de ellas al contrario que C´s, a todas ellas dijo NO, cuando Podemos acepta modificar propuestas en vía de lograr un gobierno, antes que nuevas elecciones.
¿Entonces dónde está el diálogo? ¿Quién lo ha roto?
Para combatir el bombardeo de críticas a Pablo y al equipo negociador que trasladarán como consigna incluso en la calle contra los simpatizantes y militantes,  por los partidos políticos y los medios de prensa y Tv generalistas en contra de Podemos, algunos con un bálsamo de independencia informativa pero con carga crítica hacia Podemos; sería conveniente que los militantes y simpatizantes difundan las propuestas de Podemos boca a boca, no tenemos otra forma, una especie de «Vademecum político”  con el fin de rebatir a los que solo siguen las consignas televisivas, y sobre todo para tapar la boca a los provocadores que critican a Podemos sin fundamento, por desconocer los puntos de los tres partidos en la mesa de negociaciones.

Más abajo el desglose de cada uno de los puntos planteados por Podemos.

  1. RENTA GARANTIZADA
    Implementación por fases de un programa que sitúe a toda la población española por encima del umbral de la pobreza monetaria, mediante el cobro de una renta diferencial y complementaria de 500 euros al mes. Es decir, proponemos que no se reciba una cantidad fija, sino la diferencia entre los ingresos existentes y el umbral de renta que se establezca. Por tanto, no solo se atendería a las familias que carecen de cualquier tipo de ingresos, sino también a aquellas que se encuentren en situación de pobreza. La prestación se calcularía a nivel de unidad de convivencia, aumentando la cuantía de la prestación básica por persona equivalente (en un 35% para la primera persona adicional y en un 20% para cada una de las demás). En la segunda mitad de la legislatura esta renta complementaria se incrementaría progresivamente hasta alcanzar los 600 € al mes. La renta que planteamos cubriría a todos los menores y a todas las personas dependientes que se encuentren en hogares con ingresos por debajo el umbral de pobreza monetaria e integraría todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de dicho umbral. Se debe regular adecuadamente el derecho subjetivo a obtener esta prestación, de forma que no puedan desatenderse situaciones de necesidad demostrables, sin perjuicio de la articulación de programas complementarios de apoyo a la inserción laboral o social. El elemento de flexibilidad que introducimos en la propuesta, para facilitar su negociación, es la cuantía de la prestación.

Podemos fijó en su programa electoral una renta garantizada de 600 € al mes (ampliable en función del número de miembros de la unidad de convivencia). No obstante, en esta propuesta se especifica que durante la primera mitad de la legislatura el umbral se situará en los 500 €, para llegar hasta los 600 € en la segunda mitad de la legislatura. La implicación es que disminuye tanto el número de beneficiarios como el coste total del programa: la propuesta de Renta Garantizada realizada por Podemos en su programa electoral estaba presupuestada en 15.000 millones de euros anuales (incluyendo el complemento salarial), mientras que esta propuesta presentaría un coste aproximado de 8.600 millones al año. 

  1. EDUCACIÓN. ESCUELAS INFANTILES
    Los recortes en los servicios públicos fundamentales tienen que revertirse para garantizar la equidad y la cohesión social. Deberían recuperarse en 2017 los niveles nominales de gasto en educación que se registraron en 2009, y recuperar en 2019 el peso del gasto en estas partidas sobre el PIB que se registraba en 2009 (4,6%) en vez de reducirlos (hasta el 3,7% del PIB) como prevé actualmente el Programa de Estabilidad. Esta dotación presupuestaria permitiría desarrollar una política de recuperación de estos servicios públicos, así como la puesta en marcha de nuevos derechos, como es la universalización de la educación de 0 a 3 años. En concreto, durante la segunda mitad de la legislatura se debe acometer la universalización de los cursos de educación infantil correspondientes a los 2 y 3 años. La reversión de los recortes educativos tiene que ir además acompañada de otras medidas que garanticen la recuperación de una educación pública y de calidad. Se deberá derogar la LOMCE y se abrirá un amplio debate en la comunidad educativa para formular una nueva Ley de Educación.

En el programa electoral de Podemos nos comprometimos a universalizar el acceso gratuito a la enseñanza infantil (de 0 a 6 años) de manera inmediata, apostando por desarrollar en la siguiente legislatura una educación infantil (de 0 a 3 años) universal y gratuita. Sin embargo, la necesidad de revertir los recortes educativos que han tenido lugar desde 2010, junto con la modificación de la propuesta fiscal incluida en este documento, determinan que el margen presupuestario para desarrollar dicha etapa educativa  para desbloquear la situación política y posibilitar un Gobierno de cambio 4 sea más limitado. Por ello, durante la próxima legislatura únicamente será posible garantizar, en la segunda mitad del mandato, la universalización de los cursos de educación infantil correspondientes a los 2 y 3 años. Se desarrollará un calendario progresivo de implantación de la medida que abarque desde 2016 hasta 2020 (medida propuesta en el acuerdo PSOE-Ciudadanos, página 26)

  1. SANIDAD. COPAGOS FARMACÉUTICOS
    Los recortes en sanidad, al igual que en educación, deben revertirse también. Es necesario recuperar en 2017 los niveles nominales de gasto en sanidad que se registraron en 2009, y recuperar en 2019 el peso del gasto sanitario sobre el PIB de 2009 (6,8%), en vez de reducirlo hasta el 5,3% del PIB como contempla el Gobierno del Partido Popular. En materia sanitaria, la reversión de los recortes se acompañará además de una serie de medidas que refuercen y garanticen el carácter de servicio público de la atención sanitaria, como es por ejemplo el acceso universal a la tarjeta sanitaria, impulsando para ello la correspondiente modificación legislativa orientada a blindar el carácter universal de la sanidad española. Se derogará además el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, y se eliminarán aquellos copagos que puedan suponer el no seguimiento o la interrupción de los tratamientos.

Podemos acepta aplazar la ampliación de la cartera de medicamentos financiados por la sanidad pública, defendida en nuestro documento Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías (página 45, punto 5). Igualmente cedemos en nuestra aspiración de suprimir el copago farmacéutico en los términos en que se amplió a la largo de la X Legislatura, en favor de una revisión basada en criterios de necesidad y cronicidad, tal y como se refiere en el programa electoral del PSOE (página 203) y en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Ciudadanos (página 35).

  1. PENSIONES
    Los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, derivados tanto de la evolución demográfica como del déficit de empleo y la precariedad laboral de la economía española, se han abordado hasta ahora, fundamentalmente, tratando de reducir los gastos (y, por tanto, los derechos de los pensionistas). Las últimas reformas han retrasado la edad de jubilación, han incrementado el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la pensión completa (aumentado, a su vez, el periodo de cálculo de la base reguladora) y han introducido el factor de sostenibilidad (efectivo a partir de 2019) y el factor de revalorización. Nuestra propuesta es invertir la forma de abordar el problema de la sostenibilidad del sistema, no actuando sobre el lado de los gastos (lo que finalmente supone el empobrecimiento futuro de nuestros mayores) sino sobre los ingresos, garantizando a largo plazo los recursos necesarios para financiar las pensiones. Consideramos que dichos gastos podrían elevarse (en consonancia con las previsiones oficiales) hasta aproximadamente el 14% del PIB, una cifra financiable y perfectamente comparable a la de otros países europeos. Esto requiere complementar la financiación que se obtiene a partir de las cotizaciones sociales con ingresos generales provenientes del resto del sistema fiscal. En concreto, proponemos: – Introducir progresivamente la financiación por vía impositiva del sistema para complementar en lo que sea necesario la financiación mediante cotizaciones sociales, incluyendo el incremento del gasto derivado del aumento en la esperanza de vida. Por tanto, se derogará el factor de sostenibilidad. – Recuperar la indexación de las pensiones al IPC para asegurar, al menos, el mantenimiento del poder adquisitivo, y derogar el actual factor de revalorización  Aumentar el importe de las pensiones no contributivas para que a lo largo de dos legislaturas sean iguales al Salario Mínimo Interprofesional. – Eliminar el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción. – Revitalizar la Comisión de los Pactos de Toledo para que sea en su seno donde se aborde y se estudie de forma consensuada, junto con los actores sociales y sindicales, nuestra propuesta para volver a situar la edad de jubilación en los 65 años, adaptando de nuevo el número mínimo de años de cotización necesarios para cobrar la pensión completa y el periodo de cálculo de la base reguladora.

Podemos estableció en su programa electoral la necesidad de volver a situar la edad de jubilación en los 65 años. No renunciamos a esta propuesta, si bien consideramos que un pacto de Gobierno para la próxima legislatura debe priorizar que se deroguen el resto de aspectos de la última reforma de las pensiones del Partido Popular. La reducción de la edad de jubilación deberá ser estudiada y considerada en el marco del Pacto de Toledo.

  1. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
    Los dos decretos aprobados por el Gobierno del Partido Popular en 2012 y 2013 han retrasado la implantación de la Ley de Dependencia y han disminuido las aportaciones de la Administración General del Estado a su financiación. En 2015, el coste total del sistema de dependencia se situó en torno a los 6.600 millones de euros, un coste prácticamente congelado desde 2011. Esto ha conllevado una reducción del gasto medio por persona dependiente, al crecer el número de atendidos. Por otro lado, la infradotación del sistema ha supuesto que actualmente haya 385.000 personas que tienen derecho a atención, pero que se encuentran en lista de espera. Por todo ello, proponemos que el nuevo Gobierno ponga en marcha de forma urgente un plan para la recuperación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que contemple las siguientes medidas: – Recuperar los niveles de financiación por persona dependiente anteriores a los recortes realizados tras los decretos de 2012 y de 2013, y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. – Establecer un calendario urgente para la atención de las 385.000 personas dependientes a las que se les ha reconocido el derecho, pero que actualmente se encuentran en lista de espera. – Incrementar el porcentaje de dependientes atendidos por servicios profesionales, y poner en marcha de forma progresiva la universalización del derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena.

Podemos estableció en su programa electoral el objetivo de universalizar el derecho a que los servicios públicos de atención a la dependencia proporcionen una autonomía funcional plena. El incremento de financiación requerido para alcanzar los objetivos mínimos que aquí proponemos puede estimarse en torno a los 3.000 millones de euros (400 millones para recuperar la prestación media por dependiente a los niveles anteriores, 400 millones para las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no familiares, y 2.200 millones para la atención de las personas que actualmente se encuentran en lista de espera). Por tanto, el margen presupuestario para universalizar el derecho a recibir una autonomía funcional plena deberá implementarse de forma progresiva a lo largo de esta legislatura, y completarse a lo largo de la siguiente.

  1. VIVIENDA Y SUMINISTROS
    – Impedir los desahucios de personas en situación de exclusión o emergencia social por impago de sus obligaciones contractuales sin una alternativa habitacional. – Regular la obligación legal de colaboración para la provisión de vivienda para políticas sociales por parte de los grandes tenedores de viviendas.
    – Convertir la SAREB en un instrumento de gestión de un parque público de viviendas en alquiler que preste especial atención al alquiler social. – Regular por ley el concepto de alquiler social, que no podrá superar el 30% de la renta familiar.
    – Regular el derecho a una alternativa habitacional para mujeres víctimas de las violencias machistas.
    – Garantizar el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada, con la intención de impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad.
    – Regular la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarán las deudas hipotecarias vivas de aquellas personas que hayan perdido su vivienda ante la imposibilidad de seguir pagando los préstamos. Se limitará la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado.

La situación de vulnerabilidad social por la que atraviesan millones de personas en este país hace desaconsejable desde cualquier punto de vista que se puedan arbitrar elementos de flexibilización en nuestra propuesta de Emergencia Social y Rescate Ciudadano.

  1. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Todas las políticas desarrolladas por el Gobierno deben incluir una perspectiva de género, teniendo en cuenta el diferente impacto que estas tienen en mujeres y en hombres. En todo caso, debe garantizarse que las políticas públicas desarrolladas en el marco de una nueva agenda social sean herramientas eficaces para luchar contra las desigualdades de género. Además, el Gobierno adoptará un plan específico con medidas activas para promover la igualdad entre hombres y mujeres en el campo económico y laboral, que incluya:
– El incremento de las atribuciones de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en materia de prohibición de las discriminaciones en la contratación, promoción y retribución.
– La reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso será: igual para cada persona progenitora; intransferible, como todos los demás derechos laborales y sociales; pagado al 100% del salario; y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad. El objetivo es llegar a las 10 semanas de paternidad (y 16 de maternidad, tal y como ahora sucede) al final de la legislatura, quedando el resto del calendario de ampliación para la próxima legislatura.
– La creación de una comisión estatal de seguimiento y control de los planes de igualdad en las empresas, con capacidad de propuesta para eliminar las discriminaciones.
– Medidas de atención especial a familias monoparentales (mayoritariamente mujeres), para que el cuidado no sea incompatible con la carrera profesional.
– Un plan de empleo para mujeres mayores de 45 años y para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Podemos estableció en la memoria económica de su programa electoral un calendario de aumento del actual permiso de paternidad, hasta lograr la igualdad, más ambicioso que el aquí propuesto. Dicha igualdad entre permisos de paternidad y maternidad debía alcanzarse en el curso de la siguiente legislatura. Se flexibiliza el objetivo en este punto, planteándose un calendario de implantación más progresivo (llegar a las 10 semanas de paternidad en 2019, y a las 16 semanas intransferibles en 2022).

  1. TERMINAR CON LA AUSTERIDAD FISCAL
    La situación económica, laboral y social exige un cambio en la política presupuestaria para la próxima legislatura. No puede existir agenda social, ni la ambiciosa política de inversiones públicas que se necesita para promover el cambio de la estructura productiva y el aumento de la productividad, sin una dotación presupuestaria suficiente. Sin un impulso de la actividad económica no se creará más empleo. Además, la austeridad fiscal no solo es contraproducente para el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que también lo es para alcanzar los objetivos de reducción del déficit que dice perseguir. Frente a la estrategia del actual Programa de Estabilidad del Gobierno, consistente en mantener constante la ratio ingresos/PIB y reducir 5 puntos porcentuales la ratio gastos/PIB, proponemos lo contrario, es decir:
    Incrementar la ratio ingresos/PIB para asegurar el mantenimiento de la ratio gasto/PIB en su nivel actual (43,2%). Esto implica la implementación de un plan de expansión fiscal de 62.000 millones de euros a lo largo de la siguiente legislatura (a razón de 15.500 millones anuales), adicionales en todo caso a lo ya contemplado por dicho Programa de Estabilidad. Creemos que puede alcanzarse el objetivo de elevar la ratio ingresos/PIB en 3 puntos porcentuales al final de la legislatura a través de las medidas que se proponen en el punto 10, con lo que el déficit podría reducirse en esta misma magnitud (hasta el 2,2%). El desglose de las partidas de gasto contemplado sería el siguiente:
    – La mitad del paquete de expansión fiscal iría destinada a educación y sanidad, de forma que el peso sobre el PIB de la inversión en estas partidas sea el mismo que en 2009 (4,6% y 6,8%, respectivamente).
    – El gasto en protección social se mantendría 1,3 puntos porcentuales por encima de lo que prevé la política diseñada por el Partido Popular. Esto permitiría poner en marcha el Plan de Renta Garantizada, la extensión de la atención a la dependencia y la revalorización de las pensiones propuesta.
    – El resto de la diferencia con el Programa de Estabilidad (1,2 puntos porcentuales) se destinaría a políticas medioambientales, vivienda y servicios comunitarios, ocio y cultura.
    – El resto de partidas (servicios públicos generales, defensa, orden público y asuntos económicos) sí mantendrían la reducción prevista en el Programa de Estabilidad actual. Es decir, el peso del gasto en el PIB quedaría de la siguiente forma Prog. Estab.
    Propuesta Total 43.2% 38.5% 43.2% Servicios públicos generales 6.7% 5.5% 5.5% Defensa 1.0% 0.8% 0.8% Orden público y seguridad 2.0% 1.7% 1.7% Asuntos Económicos 4.0% 3.7% 3.7% Protección del medio ambiente 0.8% 0.7% 1.1% Vivienda y suministros comunitarios 0.4% 0.4% 0.6% Salud 5.9% 5.3% 6.8% Cultura, ocio y religión 1.1% 1.0% 1.4% Educación 4.0% 3.7% 4.6% Protección social 17.2% 15.7% 17.0% 2019 Clasificación funcional, % PIB 2015 El desarrollo de la inversión pública estaría centrado en financiar la transición energética vinculada al cambio de modelo productivo. Debe acordarse igualmente la modificación sustancial de aquellos aspectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que más dificultan la aplicación de políticas fiscales adecuadas a la posición cíclica de la economía y a las necesidades de reforzamiento del Estado de bienestar, y poner en marcha la reforma del artículo 135 de la Constitución española.

Podemos fijó en la memoria económica de su programa electoral una propuesta de expansión fiscal de 96.000 millones de euros para los 4 años de la legislatura.
Podemos en esta propuesta dicha cifra se reduce aproximadamente un tercio, hasta los 62.000 millones de euros (15.500 millones anuales). 

  1. NUEVA SENDA DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
    El próximo Gobierno deberá presentar y acordar con las autoridades europeas una nueva senda de reducción del déficit público que resulte coherente con las prioridades de nuestra economía: apuntalar la recuperación económica, incrementar el ritmo de creación de empleo, impulsar inversiones públicas que modifiquen el patrón de especialización industrial y fortalecer los servicios sociales y el Estado de bienestar para luchar contra las desigualdades. Esto exige un ritmo de reducción del déficit significativamente más paulatino que el planteado por la Comisión Europea, y que en todo caso se produzca como consecuencia de una mejora en la financiación del Estado y no gracias a nuevos recortes del gasto público. Pensamos que el ritmo debe ser de 0,75 puntos porcentuales de reducción anual, para pasar del 5,2% actual al 2,2% al final de la legislatura. Un ritmo superior podría fácilmente traducirse en una nueva asfixia económica y en la imposibilidad de fortalecer la cohesión social en nuestro país.

Podemos fijó en la memoria económica de su programa electoral una propuesta de reducción del déficit público del 2,5% para la próxima legislatura. Se acepta aquí una disminución del déficit más rápida, del 3% para el conjunto del periodo. 

  1. REFORMA TRIBUTARIA PROGRESIVA
    El objetivo de esta reforma fiscal debe ser elevar la capacidad recaudatoria de la Hacienda española, que recordemos se encuentra a 8 puntos del PIB por debajo de la media de la UE.
    Una reforma tributaria ambiciosa debería incrementar 3 puntos porcentuales la ratio de ingresos/ PIB a lo largo de la siguiente legislatura. El mecanismo fundamental para conseguir este incremento en la recaudación debe ser la lucha contra el fraude fiscal y la ampliación de las bases tributarias. Además, deberán acercarse los tipos efectivos a los tipos nominales mediante la eliminación de las deducciones más regresivas, deberá instaurarse un tipo efectivo mínimo para las grandes empresas (del 15%), habrá que desarrollar un impuesto sobre transacciones financieras, recuperar y reforzar los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones (modificándose además el mínimo exento en el impuesto de patrimonio). Tendrá que reducirse además la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro, y deberá regularse la fiscalidad de las SICAV para eliminar las «pantallas tributarias». Debe instaurarse un «impuesto de solidaridad» a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario, con el fin de recuperar parte de las ayudas públicas recibidas por el sector. Esta reforma debe hacerse además reforzando la progresividad de nuestro sistema. Para ello se aplicará el tipo superreducido del 4% de IVA a un mayor número de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, y el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) que actualmente no lo tienen.

Podemos fijó en la memoria económica de su programa electoral una reforma tributaria que incrementase la recaudación fiscal un 4% del PIB. Se relaja aquí ese objetivo en un punto del PIB. La vía para articular esta flexibilización pasa fundamentalmente por descartar subidas en los tipos nominales del IRPF y del Impuesto de Sociedades, y centrar los esfuerzos de la reforma en elevar exclusivamente los tipos efectivos de dichas figuras tributarias. No se incrementarían por tanto los tipos marginales máximos para rentas superiores a los 60.000 euros al año (aunque sí el tipo efectivo a pagar, vía eliminación de deducciones), ni tampoco se restituiría el tipo general del Impuesto de Sociedades al 30%. 

  1. REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO
    La sociedad española en el curso de la crisis se ha hecho cada vez más desigual. Esto es consecuencia de la propia crisis y, especialmente, de las políticas aplicadas durante estos años. Es necesario revertir esta fuerte tendencia hacia la desigualdad, y el primer ámbito donde esto debe y puede hacerse es en el ámbito laboral. Para ello es necesario reequilibrar la negociación colectiva y luchar contra los bajos salarios, determinantes de que la pobreza se haya extendido incluso entre quienes tienen un puesto de trabajo.
    Además, es necesario impulsar una reforma de nuestro mercado de trabajo que sea capaz de atajar el fenómeno de la creciente precariedad laboral, asociada en buena medida a un injustificado nivel de temporalidad y a una elevada cuota de empleos a tiempo parcial no deseado.
    Es necesario avanzar en el desarrollo de un nuevo marco laboral que garantice la creación de empleo de calidad. Para conseguirlo pensamos que un Gobierno de cambio debería apostar, entre otras, por las siguientes medidas:
    –  Aprobar un calendario de incremento del Salario Mínimo Interprofesional que permita alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, y que en 2019 sea de al menos 900 euros al mes.
    – Elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que derogue los aspectos más lesivos para los intereses de los trabajadores de la última reforma laboral, con los objetivos de:
    – Reducir la precariedad.
    – Reequilibrar la negociación colectiva.
    – Impulsar la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa.
    – Eliminar las discriminaciones de género.

– Reformar la contratación temporal y a tiempo parcial.
Se establecerá un contrato único temporal (en lugar del contrato estable y progresivo) que contemplará las causas que justifiquen la  utilización de ese modelo de contrato.
Los contratos temporales cuya causa sea una obra o servicio determinado se convertirán de manera automática en indefinidos cuando su duración sea superior a un año o cuando se concatene una sucesión de dichos contratos durante ese periodo.

– Modificar la actual regulación del despido:
1) En el despido improcedente el trabajador tendrá la titularidad de la opción de optar por la indemnización o la readmisión en la empresa.
2) Se recuperará la figura del despido nulo por fraude de ley.
3) Se reforzará la causalidad del despido por razones económicas, productivas, técnicas y organizativas.
4) Se revertirá el abaratamiento del despido de la reforma laboral de 2012.
5) La autorización gubernamental preceptiva para los Expedientes de Regulación de Empleo será obligatoria.

Reformar la negociación colectiva:
a) Los convenios sectoriales tendrán preminencia sobre los de empresa a la hora de reconocer derechos básicos, y se modificará la regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos.
b) Se reconocerá el grupo empresarial como unidad de negociación.
c) Se aprobará un nuevo régimen de vigencia y prórroga automática de los convenios colectivos.
d) Con la finalidad de mejorar la eficacia de los sistemas de representación en la empresa, se ampliará el ámbito de representación de los trabajadores a todas las empresas y centros de trabajo que carezcan de representación unitaria;
e) Se suprimirá la unilateralidad del empresario para fijar condiciones de trabajo, estructura y cuantía del salario.
f) Se reforzarán las garantías para ejercer el derecho de huelga bajo el principio de auto tutela.
g) Fortalecer los procedimientos de información y consulta mediante la implantación de un sistema similar a los Consejos de Vigilancia establecidos en Alemania.
h) Impulsar los mecanismos de flexibilidad interna (a través de la reducción de la jornada laboral) en las empresas ante los cambios en la demanda y en el nivel de actividad económica, para evitar tanto los despidos como los ajustes a través del salario. Ante reducciones de la jornada, debe existir compensación salarial del sector público.

Podemos estableció en su programa electoral una subida del SMI hasta los 950 € al mes al final de la legislatura. En esta propuesta reducimos a 900 euros al mes nuestra petición de aumento del salario mínimo a lo largo de la próxima legislatura. Por otro lado, la propuesta aquí contemplada deroga fundamentalmente la reforma laboral del Partido Popular (2012). Se hace menos hincapié en los aspectos lesivos de la reforma laboral del PSOE (2010), dándose por buena una parte de dicha reforma. Se acepta la causalidad del despido por razones económicas, pero se refuerza con más garantías.

  1. PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA (PNTE)
    Un PNTE estructurado alrededor de dos ejes:
    1) Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética en edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan será la rehabilitación energética de viviendas.
    2) Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y térmica, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión. Este plan debe incluir todos los eslabones en la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación. El PNTE estará acompañado de una reforma en profundidad del sistema eléctrico que incluirá: una auditoría de la deuda acumulada por el déficit de tarifa y una auditoría de costes de todo el sistema (además, se reclamará ante la Justicia la cantidad cobrada en exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia); el establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas y específicamente la integración vertical; la modificación del marco regulatorio y del mercado eléctrico, de modo que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución basada en los costes reales de producción; la aprobación de una legislación del autoconsumo de manera que:
    a) La energía auto consumida instantáneamente quede libre de cualquier tipo de imposición.
    b) la energía vertida al sistema eléctrico sea justamente retribuida por la empresa comercializadora.
    c) los trámites administrativos sean ágiles.
    d) se permitan instalaciones compartidas; la planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores; el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024.
    e) La recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen.
    f) Finalmente, no se autorizarán ni prospecciones ni instalaciones de fractura hidráulica (fracking) por ser contrarias a la transformación del modelo energético que persigue el PNTE. El elemento de flexibilidad que introducimos en la propuesta, para facilitar su negociación, se encuentra en la inversión anual destinada al PNTE y en su duración.

Podemos en la propuesta original se dedica al PNTE, durante 20 años, una inversión público-privada anual equivalente al 1,5% del PIB. Ahora dejamos abierta la posibilidad de negociar esa cuantía de modo que la cifra final encaje coherentemente en el programa económico que surja del potencial acuerdo.

  1. REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HIPOTECARIA DE LOS HOGARES
    El peso de la deuda privada sigue siendo muy importante en nuestro país, en particular de la deuda hipotecaria de los hogares. Entre 2000 y 2007 se firmaron en España más de 7 millones de hipotecas. La sostenida caída en el precio de la vivienda entre 2008 y 2015 ha llevado a que buena parte de aquellas hipotecas presenten en la actualidad una importante desproporción entre el valor nominal que se consignó en su momento y el valor real que los activos inmobiliarios tienen hoy en el mercado. Así, son muchos los hogares sobre los que pesa una importante losa económica: un elevado nivel de endeudamiento que lastra la demanda privada y dificulta la recuperación. Pensamos que es necesario impulsar la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales (todos sus miembros estén en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o hogares que presenten ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM). Por otro lado, se debe impulsar un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de deudas (fase de conciliación/fase de vista judicial), en el marco de un nuevo régimen de segunda oportunidad que realmente libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.

La propuesta original contenida en el programa de Podemos establecía que podrían acogerse a este proceso de reestructuración de la deuda hipotecaria aquellos hogares que tuvieran ingresos inferiores a 3 veces el IPREM (22.365 euros al año). Se endurece ese criterio en la propuesta actual, de modo que el umbral para acogerse a dicho proceso de reestructuración pasa ahora por tener ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el IPREM (18.637 euros al año). 

  1. NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL
    Nuestro modelo productivo necesita que se articulen aquellas medidas que puedan impulsar un cambio en las especializaciones sectoriales e industriales que permitan desplazar nuestro tejido empresarial hacia ramas de mayor valor añadido y mayor productividad. Para ello, se fijará como objetivo que la inversión nacional en I+D+i se sitúe en el 2% del PIB. En esta nueva política industrial cobran un mayor peso los instrumentos financieros públicos para crear sinergias entre las capacidades innovadoras y financieras del sector privado y del sector público. Con el fin de que España cuente también con una importante red de banca pública para llevar a cabo estas políticas, el Gobierno renegociará los términos del Memorando de entendimiento firmado con la UE para poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán reprivatizadas, y del ICO. Contar con un tejido productivo moderno y desarrollado, que supere nuestra tradicional dependencia de la actividad constructora y de los servicios de medio y bajo valor añadido, exige converger con la media de la UE en materia de I+D, y mantener bajo control público entidades financieras como Bankia y Banco Mare Nostrum, que puedan financiar una nueva política industrial. No podemos renunciar por tanto a la aspiración de renegociar los términos del Memorando de Entendimiento firmado con la UE para mantener dichas entidades bajo control del Estado.
  1. REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
    Debe garantizarse el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Tales principios deben presidir igualmente la vigencia de la vida funcionarial y los derechos de los empleados públicos, en lo relativo a la provisión de puestos de trabajo, sistema de carrera administrativa y promoción interna. No obstante, debe impulsarse una reforma de la función pública que adapte la carrera funcionarial a las necesidades de la sociedad actual y actualice algunos aspectos de su marco regulador.

Aceptamos la propuesta de Ciudadanos incluida en el documento suscrito junto con el PSOE (página 50) de elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para pasar a excedencia voluntaria y establecer un periodo máximo de permanencia en esta situación.

  1. SISTEMA ELECTORAL

España, al igual que la mayoría de las democracias parlamentarias, cuenta con un sistema electoral de fórmula proporcional que distribuye a los representantes en Cortes en las distintas circunscripciones de acuerdo con un doble criterio de representación territorial y proporcional. Sin embargo, el diseño confeccionado por los constituyentes configuró uno de los sistemas electorales de fórmula proporcional menos proporcional de Europa, con efectos homologables al sistema mayoritario británico. Defender la igualdad política implica apostar por un sistema electoral en el que el voto de todas las personas cuente lo mismo: una persona, un voto. Defendemos una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que refuerce la proporcionalidad de nuestro sistema electoral. Nuestro compromiso con relación a la modificación del sistema electoral se ha basado en la apertura de un proceso de reforma profunda que incluyese la modificación de todos los marcos jurídicos implicados en el diseño de nuestro sistema electoral.

Podemos proponía en su programa original la inmediata modificación del artículo 68.2 de la Constitución española para sustituir la circunscripción provincial por la circunscripción autonómica. En esta propuesta, restringimos nuestra aspiración de modificación al ámbito de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) tal y como se propone en el documento suscrito entre el PSOE y Ciudadanos (página 49), rebajando los contenidos relativos a la proporcionalidad del sistema (solo se abordarán aquellos enmarcados en la LOREG) y circunscribiendo la revisión a la apertura de las listas, la incorporación de exigencias de democracia interna en los partidos o reducción del número de diputados asignados por provincia.

  1.  FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
    Desarrollo de una nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, centrada en la prevención del delito específico para los partidos y la erradicación de la corrupción con las siguientes propuestas relativas al control de la financiación:
    – Equiparación de la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos políticos.
    – Prohibición de las donaciones de bienes inmuebles cuyo valor exceda del límite legalmente establecido para las donaciones monetarias.
    – Limitar severamente el endeudamiento bancario por parte de partidos políticos.
    – Aumento del plazo de prescripción de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y aclaración de los casos de duplicidad de sanciones.
    – Desarrollo específico adaptado a formaciones políticas de la norma expresada en el artículo 31 bis del Código Penal dirigida a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas. – Publicar la identidad de todo aquel donante que aporte más de 5.000 euros al año.

Entendiendo la dificultad que nuestra propuesta programática sobre la prohibición de la financiación bancaria de partidos políticos o reducción al máximo de su cuantía (medida 247 de nuestro programa electoral y página 63 de nuestra propuesta) puede suponer para un acuerdo de Gobierno, renunciamos a sus máximos y proponemos limitar a la mitad del volumen del gasto anual de cada partido la cuantía susceptible de ser financiada por los bancos.

  1. PUERTAS GIRATORIAS
    Si importante es una correcta regulación de las incompatibilidades de los cargos públicos, la prohibición de las denominadas «puertas giratorias» es una de las principales medidas en materia de transparencia, blindando constitucionalmente estas incompatibilidades para altos cargos públicos. Para ello, se deben adoptar las siguientes medidas: – Extender y clarificar las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez finalizada su prestación como tales.
    – Acceso público a las agendas de los cargos públicos, especialmente en su relación con las empresas privadas y el establecimiento de la incompatibilidad de contratar con aquellas con las que exista o haya existido algún vínculo personal, familiar o relación de amistad conocida públicamente.
    -Extender la incompatibilidad de los cargos públicos y políticos a las relaciones profesionales remuneradas de cualquier tipo con empresas o grupo de ellas que previamente hayan tenido alguna relación contractual con la Administración o hayan recibido subvenciones o exoneraciones de cualquier tipo.
    – Establecer un mínimo de cinco años hasta que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de su responsabilidad pública.
    – Impedir que cualquier ex cargo electo participe en consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos del Estado. – Prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes.
    – Obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies informen sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.

Tratando de tender puentes en esta materia, aceptamos reducir el plazo de 10 a 5 años tras el cese de los altos cargos del Estado para quienes tratan de incorporarse ex novo a empresas, fundaciones y entidades de un sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa (renuncia a los contenidos del punto 3, página 60 de nuestro documento Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías y asunción del acuerdo sobre la base de lo descrito en el punto correspondiente de la página 50 del documento suscrito entre PSOE y Ciudadanos).

  1. DERECHO A DECIDIR
    El desarrollo de los procesos de descentralización propuestos en el título VIII de la Constitución a lo largo de las últimas tres décadas ha revelado imprescindible una reformulación del modelo territorial para que todas las naciones, comunidades políticas y territorios puedan encontrar su encaje dentro de España si así lo deciden. Para poder garantizar que se haga desde la plena adhesión a un proyecto común, lo anterior debe tener como correlato la aceptación del derecho a decidir en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad. Es en ese marco, el de la reconstrucción de un proyecto común, donde queremos desarrollar un Estado plurinacional en el que todas las comunidades nacionales y culturales puedan desarrollarse en un marco igualitario y solidario sin imposiciones.

Proponemos empezar así por el reconocimiento previo y específico de las diversas realidades nacionales, para poder abordar después el modelo territorial, mientras aseguramos el respeto a los diversos campos competenciales. Dado el bloqueo de las posiciones en relación a esta materia, desplazamos el ámbito de negociación para la resolución del encaje de Cataluña en España al ámbito de una mesa de negociación integrada por En Comú Podem y PSC, comprometiéndonos a asumir como propio el acuerdo que ambas fuerzas alcancen.

  1. GOBIERNO DE COALICIÓN
    Un Gobierno de cambio debe estar integrado en coalición por las distintas fuerzas progresistas que lo sustentan (PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, IU y Compromís) en función de sus respectivos apoyos electorales. Este debe ser un Gobierno de cambio, plural y proporcional, que asuma que el nuevo sistema pluralista obliga a abandonar el rodillo parlamentario de las mayorías absolutas e instala el diálogo y el respeto en el centro de la vida política, tanto en Congreso como en el Ejecutivo; un Gobierno de coalición que posea la virtud de construir estabilidad política en un escenario fragmentado y facilite la normalización del diálogo entre partidos con planteamientos políticos diferentes.

Apostamos por un Gobierno en el que, además de los representantes de las distintas fuerzas progresistas y de cambio, se integren personas independientes acordadas por consenso. Podemos facilitará todo cuanto le sea posible la formación de ese Gobierno.
El propio Pablo Iglesias ya ha declarado que si su presencia en dicho gobierno constituye un obstáculo para su conformación, él dará un paso atrás. La propuesta de Gobierno de coalición hecha pública por Podemos y sus confluencias contemplaba la Vicepresidencia del Gobierno para Pablo Iglesias, y un Ejecutivo integrado por miembros de los respectivos partidos.
El Secretario General de Podemos ha dado un paso atrás para permitir la conformación de este Gobierno, y además Podemos asume la posibilidad de que no todos los integrantes del Ejecutivo tengan que ser personas de uno u otro partido, sino posibles independientes de consenso.

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