Es el epíteto que se les debería de dar a este grupo investigado por supuesto blanqueo de 
capitales procedente del extranjero donde se incluyen a altos cargos políticos, actuales y pasados, jueces, magistrados y fiscales españoles. Grupo por el momento corto, por lo que se entiende al asegurar las fuentes bien informadas de que la lista no parará de crecer en los próximos meses.
Lista que se niegan publicar de cara a las elecciones del día 24 de mayo, con la excusa de considerarlo en perjuicio de su reputación, incluso lo establecen con un aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al anteproyecto de Ley del Gobierno que contempla publicar los nombres de las personas que cometan fraude fiscal «de una determinada relevancia» y siempre y cuando haya una sentencia firme. De nuevo se observa que las leyes medievales perduran, los privilegios de la nobleza y de la iglesia no tienen nada que ver con el resto de la población. Dan a entender que si se vulnera o cuestiona el principio de irretroactividad legal y se vulnera la confidencialidad de los españoles que se acogieron a la ley de amnistía fiscal aflorando sus bienes a cambio de una multa, se estará vulnerando el principio general de seguridad jurídica. Esta deferencia no se aplica al resto de la ciudadanía, pues si a cualquier ciudadano le multan por una infracción de tráfico, por mínima que sea, y no logran localizar, aparece en el BOE en un lapsus corto de tiempo y le bloquean la nómina o cuenta corriente hasta pagar el importe de la multa, más recargo del 20%, todo lo contrario a estos 750, les condonan al aplicar un intereses mínimo, el 3% de lo defraudado, librándoles de pagar lo que le correspondería más el 20%, como a cualquier ciudadano normal.
La teórica de la separación de poderes que se acuña en la obra de Montesquieu «Del Espíritu de la Leyes», Ejecutivo – Legislativo – Judicial, y que dicen aplicar este y otros gobiernos supuestamente democráticos que hemos sufrido los españoles, es una falacia, porque la riqueza está en manos de unos pocos, y esto establece que el poder resida en ellos, procurando de tal manera que toda la carga impositiva recaiga sobre el resto alentando leyes a tal fin, como las Sicav, las Socimis, marcan un alto techo para considerar delito el fraude fiscal…, y si no son suficientes estas medidas acuden a las amnistías fiscales. Estos personas «de una determinada relevancia», son los grandes defensores del liberalismo económico, pero entienden como liberalismo el entrar en relación con un objeto por causalidad (siempre malversación de fondos públicos), y al entrar en contacto con él lo añaden como una propiedad, tomando la misma actitud que la de un ladrón al obtener la posesión de un objeto, convertirlo automáticamente en su propiedad, con lo que la restitución se considera excluida.
Tipo de gobiernos claramente a favor del bipartidismo, porque la pluralidad de partidos puede evitar la bellaquería de que ningún gobernante utilice el poder político en su beneficio despreciando el interés público, al vigilar la separación de poderes y la distribución entre varias jurisdicciones y partidos, siendo más fácil de considerar el interés separado de cada autoridad y cada clase para que esta división de poder concurra en el bien común, si esto no fuese así solo existirá facciones y tiranía. Como demuestran algunos partidos por la desfachatez de mantener a candidatos que claramente prefieren que les atribuyan cualidades que no tienen, ni siquiera interés en serlo, esto es ser honrado, justo y sincero, por estar imputados en múltiples causas ellos mismos o familiares directos a la sombra del poder que ejercieron los hoy candidatos pero ayer dirigentes.
